A la población y autoridades públicas de Brasil:
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) manifiesta por este intermedio su profunda preocupación, por el impulso que ha tornado la iniciativa de rebajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años de edad en Brasil.
Entendemos que esta propuesta obedece a una mirada parcial sobre la problemática de la seguridad ciudadana, que tiene el foco en los efectos del delito y no en sus causas, dejando fuera del análisis una cantidad de variables determinantes en la generación del conflicto de los adolescentes con la ley penal.
En ese sentido, tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se han pronunciado rotundamente a favor del derecho penal mínimo, promocionando la justicia restaurativa y las medidas socioeducativas no privativas de la libertad como la respuesta adecuada a los adolescentes en conflicto con la ley, reclamando a los estados la plena vigencia de los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se establece un sistema especial de protección de los niños hasta los 18 años de edad, donde la privación de la libertad deberá ser el último recurso y para el caso en que sea dispuesta lo deberá ser por el menor tiempo posible.
De prosperar esta medida, las consecuencias serán las de acentuar la discriminación contra los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, quienes son los clientes habituales del sistema penal.
Por otra parte, Brasil fue pionero en la región, implementando una legislación de avanzada orientada en la doctrina de la protección integral de ONU, a partir de la Convención. Así el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia del Brasil, ha sido fuente de inspiración de gran parte de la legislación latinoamericana sobre niñez y adolescencia.
Esta iniciativa estaría echando por tierra los avances del país en esa materia y dejaría al estado enfrentado al ordenamiento jurídico internacional ya que el principia de no regresividad, determina que los estándares en materia de derechos humanos, una vez alcanzados no se pueden rebajar.
Las políticas de mano dura aumentaran el hacinamiento y la reproducción de violaciones de derechos en los centros de privación de la libertad, además de potenciar las habilidades de los adolescentes en la carrera del delito.
Es por ello, que exhortamos tanto a la población en general como a las autoridades públicas, a no acompañar esta iniciativa y pensar en políticas públicas que atienda la situación de los adolescentes en su problemática familiar, para permitirles el acceso a los servicios de salud, de educación de esparcimiento adecuados para facilitar su verdadera integración social, atendiendo a respuesta penal como último recurso.
Juan Fumeiro. Vicepresidente. DNI Américas.
Benoit Van Keirsbilck. Presidente DNI Internacional
23 de marzo de 2015.
