Comunicado de UNICEF sobre baja de la edad de imputabilidad en Brasil

Con esta declaración, UNICEF, con el mandato de la Asamblea General de la ONU para defender los derechos de los niños y las niñas recomienda que no prospere la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal en Brasil, la cual representaría un retroceso para la realización de los derechos de la niñez. La evidencia de otros países que han participado en reformas similares muestra que esta medida no reduce los crímenes violentos y penaliza a la infancia.

Brasil fue el primer país de América Latina y el Caribe en traducir los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en legislación nacional. La promulgación del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) en 1990 fue un hito en el reconocimiento de los derechos de los niños como derechos humanos. Las disposiciones sobre los derechos de los niños que forman parte de la Constitución de Brasil, han inspirado muchas de las reformas constitucionales en América Latina y en todo el mundo. Estas disposiciones, junto con el establecimiento de la protección de la niñez y de los sistemas de justicia de menores, son un modelo para otros países.

Por lo tanto, es alarmante presenciar un fuerte impulso para la reforma regresiva en el sistema de justicia de menores en un país con logros tan enormes en el establecimiento de marcos jurídicos y normativos que cumplen con la CDN. Esta reforma no sólo empañaría la reputación de Brasil como pionero en los derechos de la niñez, sino que también podría tener repercusiones negativas en la región en su conjunto.

Brasil ha logrado grandes avances para los niños desde que ratificó la CDN y comenzó a implementar el Estatuto del Niño y del Adolescente hace 25 años. Sin embargo, la situación aún es preocupante.

Los homicidios son la causa del 36.5% de las muertes de adolescentes por causas no naturales en Brasil, mientras que en el total de la población, los homicidios representan el 4,8% de las muertes por las mismas causas. En la gran mayoría de casos, las víctimas son adolescentes de raza negra que viven en condiciones de pobreza en la periferia de las grandes ciudades brasileñas. Estos niños y adolescentes, con edades entre los 12 y los 18 años, tienen casi tres veces más probabilidades de ser asesinados que los de raza blanca de las mismas edades.

Más de 33 mil adolescentes brasileños entre 12 y 18 años fueron asesinados en Brasil entre 2006 y 2012. Las reformas se necesitan con urgencia para garantizar que el Estado investigue, juzgue y condene a los responsables de crímenes contra niños, niñas y adolescentes. Es hora de medidas legales que rompan el ciclo de la impunidad y aseguren el agravamiento de penas para las personas adultas que utilizan a niños para cometer delitos. De igual importancia es que Brasil continúe sus inversiones en programas sociales dirigidos a la infancia y adolescencia en situación de riesgo.

Los datos muestran que de los 21 millones de adolescentes que viven hoy en Brasil, sólo el 0,013% cometió un acto con la intención de quitarle la vida a otra persona. Hay claras evidencias de que las raíces de la criminalidad grave en la adolescencia se desarrollan a partir de haber experimentado situaciones de violencia y abandono con anterioridad, a menudo agravadas por un fracaso del Estado a la hora de apoyar a los padres y madres en la crianza de sus hijos y de proporcionar una educación de calidad para los niños.

Hoy está en manos de Brasil volver a liderar el camino y demostrar su capacidad para prevenir y abordar de manera eficaz la delincuencia y la violencia cometida por y hacia los adolescentes a través de leyes de acuerdo a los tratados internacionales y los principios de la CDN.