La Ley Orgánica de Movilidad Humana entró en vigencia y brindará a los ciudadanos de otros países y ecuatorianos en el exterior varios beneficios que mejorará su calidad de vida.
En un contexto global de creciente desplazamiento forzado, Ecuador ofrece un ejemplo de una protección completa para todas las personas migrantes, especialmente para los niños y niñas. Este nuevo cuerpo legal se publicó en el suplemento del Registro Oficial 938 y rige desde el 7 de febrero. Además de derechos, el reglamento expedido también determina las obligaciones de las personas que se encuentran en movilidad humana,competencias y responsabilidades de las instituciones tanto locales como nacionales.
La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez y Relatora de país para Ecuador, señaló que “es sumamente importante que la ley establece que el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes deberá ser observado e implementado por las autoridades en todos los procesos y procedimientos vinculados a la movilidad humana. También es un avance positivo que se establece la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes por faltas administrativas migratorias, así como la prohibición de detener a sus padres cuando va en contra de los principios del interés superior y de la unidad familiar. La incorporación de estas prohibiciones expresas a la detención migratoria se encuentran acorde a los estándares desarrollados por la Comisión y la Corte Interamericana.”
De acuerdo con cifras del ACNUR, a finales de 2015, Ecuador acogía 53.191 refugiados. Esta cifra que representa la mayor población de refugiados de América Latina. La ley incluye principios relevantes tales como:
El interés superior del niño, niña y adolescente.
La libre movilidad humana bajo el amparo del Estado
La prohibición de la criminalización de personas en situación migratoria irregular
La igualdad ante la ley y la no discriminación, el principio de no devolución cuando los derechos a la vida, libertad o integridad de la persona o sus familiares pueda estar en riesgo en el país al que se pretende retornarles.
El principio pro-persona en movilidad humana, en el sentido de que la propia ley indica que las normas en ella contenidas serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca a las personas en el contexto de la movilidad humana.
Con esta nueva ley celebramos un hito importante en la región; Ecuador es el primer país de Suramérica en establecer un procedimiento para que las personas que sean reconocidas como apátridas adquieran la nacionalidad ecuatoriana después de haber permanecido en el país al menos dos años.
La ley confiere un estatus migratorio inicial como residentes temporales a las personas que sean reconocidas como refugiadas o apátridas, quienes después de dos años podrán solicitar la renovación de su residencia temporal o solicitar la residencia permanente.
El establecimiento del procedimiento para la determinación de la condición de apátrida, el otorgamiento de una condición migratoria como residentes, la entrega de documentos de identidad y de viaje, así como el mecanismo excepcional para la naturalización, representan medidas importantes para la protección de los derechos de los apátridas y para erradicar la condición de apatrida en la región y dar cumplimiento a la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014. La implementación efectiva de estas y otras medidas favorecerán la integración de refugiados y apátridas, a la vez que permitirán que estas personas puedan contribuir más plenamente al desarrollo de Ecuador.
A la vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado publicado en días recientes además de celebrar estos avances, advierte sobre algunos puntos: la ley establece un procedimiento administrativo para apelar decisiones, pero no contempla explícitamente la posibilidad del control judicial. Por ejemplo, en el caso de una decisión de inadmitir una solicitud de refugio (artículo 103) o de ordenar una deportación (artículo 144), la única forma de apelar la decisión es por la vía administrativa, con lo cual la ley no contempla la posibilidad de control judicial. Otro punto es la discrecionalidad que puede generar la redacción conceptos jurídicamente abiertos de algunos artículos, abriendo las puertas a posibles interpretaciones abusivas. Por ejemplo, entre las causales de deportación se establece que la persona haya “cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años de acuerdo a la legislación penal”, aunque la figura de “delitos contra la estructura del Estado constitucional” no está prevista en el Código Penal ecuatoriano y no está definida en el texto de la ley. Otra causal de deportación es que “siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política interna del Ecuador”, redacción que otorga un muy amplio margen de discrecionalidad. De igual manera, una causal para denegar la carta de naturalización, la residencia temporal, la residencia permanente o para inadmitir a una persona extranjera al país es “ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”. Estas causales restrictivas de derechos deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación deben ser excepcionales, fundamentadas y siempre pasibles de control judicial. Además, de acuerdo al Artículo 142, cuando una persona no haya regularizado su situación migratoria en el término establecido en la ley, “la autoridad de control migratorio le notificará la obligación de salir del país en un plazo de treinta días, de no cumplirse este plazo se iniciará un procedimiento de deportación”. Los estándares interamericanos de derechos humanos establecen que la deportación debe ser siempre un último recurso.
Al respecto, la CIDH considera que varios de los aspectos anteriores podrían ser subsanados al reglamentar la ley conforme a las normas y estándares interamericanos y se establezcan criterios objetivos y no discrecionales para su aplicación. “Esta nueva ley de Ecuador representa un avance significativo en relación con el enfoque de seguridad nacional que ha predominado en muchas leyes anteriores y actuales sobre migración en la región”, señaló el Relator Gil Botero.
Puede leer el comunicado completo de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/022.asp
La ley al completo puede ser leída aquí: ley 60 2017 ECUADOR
