MMI-LAC exige el respeto de todos los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de migración irregular

El Movimiento Mundial por la Infancia para Latinoamérica y el Caribe hace un llamado urgente a anular inmediatamente la política migratoria de los Estados Unidos, conocida como de “tolerancia cero”, que establece que las personas adultas que cruzan la frontera de ese país de manera irregular sean procesadas judicialmente y que hasta el 20 de junio de 2018 tuvo como consecuencia la separación de más de 2,000 niñas y niños de sus familias. Exige, además, el impulso claro a la reparación del daño ya producido y la reunión de los niños, niñas y adolescentes que han sido separados con sus familias de manera inmediata y garantizando todos sus derechos.

 

COMUNICADO

MMI-LAC exige el respeto de todos los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de migración irregular

Llamado a poner fin a acciones armadas que pongan en riesgo a niños nicaragüenses

El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe expresa su apoyo a lo manifestado oportunamente por su Capítulo Nicaragua ante la situación que dicho país se encuentra atravesando y adhiere al llamado a la acción para poner fin inmediato a toda acción armada que amenaza la vida, la salud y la integridad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias nicaragüenses.

Compartimos a continuación el comunicado del Capítulo Nicaragua del MMI-LAC.

Ecuador: Ley Orgánica de Movilidad Humana

La Ley Orgánica de Movilidad Humana entró en vigencia y brindará a los ciudadanos de otros países y ecuatorianos en el exterior varios beneficios que mejorará su calidad de vida.

En un contexto global de creciente desplazamiento forzado, Ecuador ofrece un ejemplo de una protección completa para todas las personas migrantes, especialmente para los niños y niñas. Este nuevo cuerpo legal se publicó en el suplemento del Registro Oficial 938  y rige desde el 7 de febrero. Además de derechos, el reglamento expedido también determina las obligaciones de las personas que se encuentran en movilidad humana,competencias y responsabilidades de las instituciones tanto locales como nacionales.

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez y Relatora de país para Ecuador, señaló que “es sumamente importante que la ley establece que el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes deberá ser observado e implementado por las autoridades en todos los procesos y procedimientos vinculados a la movilidad humana. También es un avance positivo que se establece la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes por faltas administrativas migratorias, así como la prohibición de detener a sus padres cuando va en contra de los principios del interés superior y de la unidad familiar. La incorporación de estas prohibiciones expresas a la detención migratoria se encuentran acorde a los estándares desarrollados por la Comisión y la Corte Interamericana.”

De acuerdo con cifras del ACNUR, a finales de 2015, Ecuador acogía 53.191 refugiados. Esta cifra que representa la mayor población de refugiados de América Latina. La ley incluye principios relevantes tales como:

  • El interés superior del niño, niña y adolescente.

  • La libre movilidad humana bajo el amparo del Estado

  • La prohibición de la criminalización de personas en situación migratoria irregular

  • La igualdad ante la ley y la no discriminación,  el principio de no devolución cuando los derechos a la vida, libertad o integridad de la persona o sus familiares pueda estar en riesgo en el país al que se pretende retornarles.

  • El principio pro-persona en movilidad humana, en el sentido de que la propia ley indica que las normas en ella contenidas serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca a las personas en el contexto de la movilidad humana.

Con esta nueva ley celebramos un hito importante en la región; Ecuador es el primer país de Suramérica en establecer un procedimiento para que las personas que sean reconocidas como apátridas adquieran la nacionalidad ecuatoriana después de haber permanecido en el país al menos dos años.

La ley confiere un estatus migratorio inicial como residentes temporales a las personas que sean reconocidas como refugiadas o apátridas, quienes después de dos años podrán solicitar la renovación de su residencia temporal o solicitar la residencia permanente.

El establecimiento del procedimiento para la determinación de la condición de apátrida, el otorgamiento de una condición migratoria como residentes, la entrega de documentos de identidad y de viaje, así como el mecanismo excepcional para la naturalización, representan medidas importantes para la protección de los derechos de los apátridas y para erradicar la condición de apatrida en la región y dar cumplimiento a la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014. La implementación efectiva de estas y otras medidas favorecerán la integración de refugiados y apátridas, a la vez que permitirán que estas personas puedan contribuir más plenamente al desarrollo de Ecuador.

A la vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en un comunicado publicado en días recientes además de celebrar estos avances,  advierte sobre algunos puntos: la ley establece un procedimiento administrativo para apelar decisiones, pero no contempla explícitamente la posibilidad del control judicial. Por ejemplo, en el caso de una decisión de inadmitir una solicitud de refugio (artículo 103) o de ordenar una deportación (artículo 144), la única forma de apelar la decisión es por la vía administrativa, con lo cual la ley no contempla la posibilidad de control judicial. Otro punto es la discrecionalidad que puede generar la redacción conceptos jurídicamente abiertos de algunos artículos, abriendo las puertas a posibles interpretaciones abusivas. Por ejemplo, entre las causales de deportación se establece que la persona haya “cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años de acuerdo a la legislación penal”, aunque la figura de “delitos contra la estructura del Estado constitucional” no está prevista en el Código Penal ecuatoriano y no está definida en el texto de la ley. Otra causal de deportación es que “siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política interna del Ecuador”, redacción que otorga un muy amplio margen de discrecionalidad. De igual manera, una causal para denegar la carta de naturalización, la residencia temporal, la residencia permanente o para inadmitir a una persona extranjera al país es “ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”. Estas causales restrictivas de derechos deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación deben ser excepcionales, fundamentadas y siempre pasibles de control judicial. Además, de acuerdo al Artículo 142, cuando una persona no haya regularizado su situación migratoria en el término establecido en la ley, “la autoridad de control migratorio le notificará la obligación de salir del país en un plazo de treinta días, de no cumplirse este plazo se iniciará un procedimiento de deportación”. Los estándares interamericanos de derechos humanos establecen que la deportación debe ser siempre un último recurso.

Al respecto, la CIDH considera que varios de los aspectos anteriores podrían ser subsanados al reglamentar la ley conforme a las normas y estándares interamericanos y se establezcan criterios objetivos y no discrecionales para su aplicación. “Esta nueva ley de Ecuador representa un avance significativo en relación con el enfoque de seguridad nacional que ha predominado en muchas leyes anteriores y actuales sobre migración en la región”, señaló el Relator Gil Botero.

Puede leer el comunicado completo de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/022.asp 

La ley al completo puede ser leída aquí: ley 60 2017 ECUADOR

Infancia en Peligro: Travesia Mortal para los Niños y Niñas

Explotación, violencia sexual, abusos y detenciones son algunos de los peligros que enfrentan los niños y las mujeres que transitan la ruta migratoria del Mediterráneo central, un viaje que se inicia en las costas de Libia y que tiene como destino Italia.
Estos fueron los hallazgos de un informe del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) elaborado con testimonios de menores y mujeres que emprendieron la travesía.
El estudio reveló que Nueve de cada 10 niños que cruzaron el Mediterráneo el año pasado no estaban acompañados. Un total de 25.846 niños cruzaron esta ruta, el doble que el año anterior; tres cuartas partes de los niños entrevistados sufrieron hostigamiento o violencia por parte de adultos, mientras que casi la mitad de mujeres y menores denunciaron abusos sexuales durante el trayecto.

«Entre los 256.000 migrantes registrados en Libia a finales de 2016 había más de 30.000 mujeres y 23.000 niños, de los cuales la tercera parte no iban acompañados, aunque las cifras reales podrían ser tres veces mayores. Casi la mitad de las mujeres reportó haber sufrido violencia sexual o abusos y la mayoría de los niños sufrieron abusos verbales o emocionales», dijo Khan.

Ante esta situación, UNICEF lanzó un plan de acción a favor de los niños desarraigados y exhortó a los gobiernos y a la Unión Europea a aprobarlo y adoptarlo. Entre las medidas se busca proteger a los menores contra la explotación y violencia, en especial a los que viajan solos; finalizar la práctica de detener a niños migrantes o refugiados; conservar unidas a las familias y darles acceso a los servicios de salud y aprendizaje.
Para acceder al documento:

 

The Latin American and Caribbean Movement for Children (MMI-LAC) calls for the protection of unaccompanied migrant children and adolescents

MMI-LAC expresses its concern regarding the increasing northward migration of unaccompanied immigrant children, and calls on governments of origin, transit and destination countries to prioritize the best interest of the child and ensure the fulfillment of their rights as framed in the Convention on the Rights of the Child.

According to data from the U.S. government and the United Nations Agency for Refugees (UNHCR), in the last few years there has been a record increase in the number of unaccompanied children migrating to the United States from Central America, specifically from El Salvador, Guatemala and Honduras, and México. As organizations which are actively present in all the countries concerned, we request that the governments involved ensure the full protection of the affected children and seek to address the underlying factors that generate this unprecedented migration.

About 52,000 unaccompanied children have been detained along the south-west border of the USA in the past nine months, which is almost double the number for the previous year. The UNHCR estimates that at least 10,000 more children will try to cross into the United States without their parents before the end of September. Within this group of unaccompanied children migrants, there has been a dramatic increase in the number of very young children and of young girls, who are the most vulnerable and require special care and protection.

This crisis of unaccompanied child migration is a multi-causal phenomenon, influenced by complex social and economic factors. However, according to a recent study conducted by UNHCR in Central America , a significant number of children are being particularly affected by alarming levels of violence in their countries of origin. Violence linked to gangs and organized crime constitutes a major «push” factor. This is coupled with other regional trends including a lack of education and of employment opportunities, and family separation due to migration. The UNHCR found that most of the children migrants interviewed are clearly in a situation that merits protection from the international community.

The MMI-LAC appeals to the governments involved to ensure the «best interests of the child» in all their actions. The governments concerned include those in El Salvador, Guatemala and Honduras, but also any other countries of transit and destination for the child migrants. The movement calls on these countries to:

  1. Apply the applicable and already-existing procedures to ensure the welfare and protection of children in accordance with the Convention on the Rights of the Child.
  2. Avoid treating the unaccompanied migrant children as criminals, on the contrary provide them a humane and dignified treatment, while in shelters and during any temporary detainment, bearing in mind that depriving children of their freedom represents a violation of their rights.
  3. Destination country governments must ensure that repatriation of the unaccompanied children goes hand in hand with necessary measures to support the countries of origin, so that they have the minimum conditions to receive and provide for the children.
  4. States in the region must increase international cooperation and ensure the necessary public investment to secure the rights of children and adolescents, through strengthening national child protection systems, fighting violence through a human rights approach, and generating work-study opportunities for the most vulnerable young people, especially those at risk of emigration and those who are returning to their home countries and communities.
  5. States in the region must seek structural solutions to prevent and combat violence, focusing their efforts on the respect for human rights and institutional strengthening , rejecting repressive policies that may increase violence and cause children to flee from their homes and communities to seek safety and protection in other countries.
  6. States in the region must coordinate efforts to implement the above measures, and their migratory and consular authorities should monitor and ensure the effectiveness of these recommendations.

Finally, the Latin American and Caribbean Movement for Children (MMI-LAC) appeals to the governments of the countries involved to ensure better conditions for children in their own territories, recognizing that the Convention on the Rights of the Child clearly defines the obligations of states to protect all children within their territories without discrimination, including refugees and migrants.

The Latin American and Caribbean Movement for Children (MMI-LAC) is a strategic alliance of leading organizations and networks in the region working in the promotion, protection and defense of the rights of children and adolescents, composed of the YMCA, SOS Children’s Villages International, ChildFund Alliance, Child Helpline, Defence for Children International (DCI), ECPAT, the Inter-American Children’s Institute (IIN) of the OAS, Plan International, Latin American and Caribbean Network for the Defense of the Rights of Children and Adolescents (REDLAMYC), ANDI International, Save the Children, UNICEF and World Vision International; with observers: Marist Foundation for International Solidarity-FMSI, ICMEC and Viva, Together for Children.

MMI-LAC hace un llamado a la protección de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados

El MMI-LAC expresa su preocupación por el aumento de niños y niñas no acompañados que viajan hacia el norte y hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino a priorizar en sus acciones el interés superior del niño y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, enmarcados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

De conformidad con datos del gobierno de los Estados Unidos y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en años recientes ha habido un aumento récord en el número de niños y niñas no acompañados migrando hacia los Estados Unidos desde Centroamérica, específicamente desde El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Como organizaciones con presencia en todos los países afectados, solicitamos a los gobiernos involucrados que garanticen la protección integral de los niños y niñas afectados y que aborden los factores que influyen y generan la migración irregular de niños y niñas.

Cerca de 52.000 niños y niñas no acompañados han sido detenidos en la frontera sudoeste en los últimos nueve meses, casi el doble de los detenidos en el año anterior. La ACNUR estima que al menos 10.000 niñas y niños más intentarán cruzar hacia los Estados Unidos sin sus padres antes de que termine el mes de Septiembre. Dentro del reciente aumento, existe un súbito y drástico aumento en el número de niños pequeños y de niñas migrantes, quienes son los más vulnerables entre estos migrantes no acompañados y requieren especial cuidado y protección.

La migración infantil no acompañada es multi-causal; se ve influenciada por factores sociales y económicos complejos. Sin embargo, de acuerdo con un reciente estudio realizado por ACNUR en Centroamérica2, un número significativo de niños y niñas están siendo afectados por los alarmantes niveles de violencia existentes en sus países de origen. La violencia vinculada al tema de las pandillas y el crimen organizado es un “factor expulsor”. Esto, aunado a los ambientes violentos, la falta de oportunidades educativas, laborales y económicas, así como la separación de la familia debido a migración, son tendencias regionales que “empujan” a niños y niñas a migrar hacia los Estados Unidos. La ACNUR encontró que la mayoría de los niños y niñas entrevistados de estos cuatro países proporcionaron información que indica claramente que pueden estar en una situación que amerita protección internacional.

El MMI-LAC hace un llamado a los gobiernos de los países de donde provienen estos niños y niñas: El Salvador, Guatemala y Honduras, así como a los países de tránsito, destino o ambas cosas a la vez, para garantizar el “Interés Superior del Niño y la Niña” en todas sus acciones. Para ello el movimiento llama a estos países a:

  1. Que se haga efectiva la aplicación de medidas vigentes y necesarias para el bienestar de los niños y las niñas asegurando su protección integral de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.
  2. Que los diferentes países, tanto de tránsito como de destino, establezcan compromisos de no criminalizar la migración de niños, niñas y adolescentes dando un trato humano y digno en los albergues de retención temporal y teniendo presente que privar de su libertad a un niño o niña representa una violación de sus derechos.
  3. Que los gobiernos de destino aseguren que la repatriación de los niños y niñas no acompañados, vaya de la mano de medidas orientadas a apoyar a los países de origen, para que cuenten con las condiciones mínimas para recibirlos y responder a sus necesidades.
  4. Que los Estados de la región aumenten su cooperación internacional para fortalecer los sistemas Nacionales de Promoción y Protección, y garanticen la suficiente inversión pública a través de un sistema de protección social que permita el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la lucha contra la violencia desde una perspectiva de derechos humanos y la generación de oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes más vulnerables, especialmente aquellos que están en más riesgo de emigrar, así como los que están regresando a sus países/comunidades.
  5. Que los Estados de la región busquen soluciones estructurales para prevenir y combatir la violencia, focalizando sus esfuerzos en el fortalecimiento institucional y respeto a los derechos humanos, desestimando políticas represivas, que puedan incrementar la violencia y constituirse en “factor expulsor” para que niños y niñas se desplacen de sus hogares y comunidades, buscando seguridad y protección en otros países.
  6. Que los Estados de la región logren un esfuerzo coordinado de las medidas mencionadas y que las autoridades Consulares y Migratorias de los Estados velen porque se hagan efectivas las recomendaciones expuestas. Finalmente, el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, hace un llamado a los gobiernos de los países involucrados para que brinden y aseguren mejores condiciones para los niños y niñas en sus territorios, teniendo en consideración que la Convención sobre los Derechos del Niño define claramente las obligaciones que tienen los Estados de brindar protección a todos los niños dentro de su territorio, incluidos los refugiados y migrantes, sin discriminación.

El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC) es una alianza estratégica de las principales organizaciones y redes de la región que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, integrada por: la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS Internacional, ChildFund Alliance, Child Helpline, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), ECPAT, el Instituto Interamericano del Niño (IIN) de la OEA, Plan Internacional, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), Red ANDI Internacional, Save the Children, UNICEF y Visión Mundial Internacional y en calidad de observadores: Fundación Marista de Solidaridad Internacional- FMSI, ICMEC y Viva, Juntos por la Niñez.

ACNUR Niños en fuga – https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9568.pdf